Instituto Nacional de Industria (INI), entidad estatal española, creada durante la dictadura del general Francisco Franco, en 1941, con el fin de potenciar el desarrollo de la industria nacional, fundamentalmente, de la orientada hacia la defensa del país y de aquellos sectores que permitieran el mantenimiento del sistema autárquico vigente en España en dicho periodo. Se trataba de un organismo subsidiario de la iniciativa privada, encargado de gestionar y financiar empresas necesitadas de fuertes inversiones, con escasa rentabilidad o en bancarrota. Su creación y mantenimiento fueron posibles gracias al establecimiento de un sistema de financiación específico para dicha institución, que consistía en sostenerla económicamente a partir de los presupuestos del Estado, de los créditos del Banco de España y de la emisión de títulos que habían de adquirir obligatoriamente las Cajas de Ahorros.
En 1968, la gestión de esta entidad, hasta entonces en manos de la presidencia del gobierno, pasó a depender del Ministerio de Industria. Tras el restablecimiento de la democracia, en 1977, fue realizada una primera reforma del INI, potenciándose la reestructuración de las empresas dependientes del Instituto y ajustando su sistema de financiación a las vías normales de crédito. Finalizada la reforma en 1981, el INI controlaba 70 empresas directamente y tenía 350 filiales, ubicadas fundamentalmente en los sectores petrolífero, químico, minero, siderúrgico, alimenticio, de gas y electricidad, transporte aéreo, astilleros y automoción. El balance del ejercicio de 1984 manifestó las fuertes pérdidas que sufría la entidad y, a partir de 1985, se inició una política de privatización y reconversión del INI que culminó en julio de 1995 con la desaparición del mismo. Sus empresas rentables ya habían sido transferidas, en 1992, al holding Teneo, grupo que, tras la disolución de la mencionada entidad, fue introducido en el SEPI, sociedad estatal encargada de gestionar la deuda heredada de las empresas sin beneficios del INI. Estas últimas, una vez liberadas de su déficit, iniciaron una nueva andadura dentro del organismo que el Estado creó para ello, la Agencia Industrial del Estado (AIE).
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